INICIATIVA CIUDADANA POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA

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Es indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la Ley de la dictadura todavía vigente.
Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.
La Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural.

1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.

FUNDAMENTOS

• Ratificando que los derechos humanos son la piedra fundamental de la vida en democracia.
• Convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal.
• Convencidos de que la libertad de expresarse, opinar e informarse es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia entre las naciones americanas.
• Convencidos de que cuando no hay democracia, junto con el derecho a la vida y a la libertad física se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de las mayorías.
• Convencidos de que sólo el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de derecho.
• Considerando que en diversas declaraciones los sectores representativos de la vida democrática de nuestro continente han afirmado el valor de la pluralidad.
• Considerando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago de UNESCO (1992) se han reivindicado el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía.
• Inspirados en la importancia para nuestro continente de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.
• Reconociendo el alcance universal en materia de sujetos, medios y mensajes con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 13 de la Convención.
• Reconociendo la importancia que alcanza la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, al fijar estándares de interpretación del artículo 13 de la CADH.
• Reconociendo los valores asentados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde su instalación, en la búsqueda de ampliar los sectores amparados por su intervención.
• Reconociendo la importancia del capítulo referido a las radios comunitarias del Informe 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que todos estos acuerdos representan el marco legal y político al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.
• Recordando los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (de la OEA, de la ONU y el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)) realizada en Noviembre de 2001, titulada "Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo" se expide sobre el punto diciendo: Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión.
• Enfatizando que el Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que "la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presentan como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores mas empobrecidos o vulnerables de la sociedad. (y que) En este sentido, los medios comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades de éstas comunidades.
• Recordando que también dice el Informe 2002 que " Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos."
• Enfatizando que las normas técnicas aplicables a la radiodifusión deben facilitar y no obstaculizar la libre circulación de informaciones, de obras radiofónicas y audiovisuales y opiniones de conformidad al art. 13. 3 de la Convención Americana.
• Considerando que la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos, en virtud del Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión.

Zaiat dixit: Los Grobo sonríen

Por Alfredo Zaiat

Tarde, bastante tarde teniendo en cuenta la magnitud del conflicto que se generó, el Gobierno explicó en detalle por qué decidió establecer el mecanismo de retenciones móviles. Es probable, aunque no seguro, que el país se habría ahorrado semejante crisis si el ministro de Economía hubiera enseñado en su momento los motivos y los objetivos de una imprescindible intervención del sector público en el mercado de granos y oleaginosas. También tarde fue dispuesta esa medida que, con los precios internacionales en alza desde hace varios años y el avance de la sojización en el campo, se imponía desde bastante tiempo antes que el 11 de marzo pasado. Tarde implica reasignación de recursos, transferencia de ingresos, concentración de la riqueza y torpeza política. Rectificar ese error es mejor que prolongarlo, con todos los costos que han significado para la sociedad.

No es el caso de Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli, dirigentes visibles de la Federación Agraria, que reinciden en el mismo error desde el comienzo del lockout patronal: ser la voz, el rostro y el sostén del piquete verde en beneficio de los intereses de los grandes jugadores del negocio de la soja y de la cadena agroindustrial. No han mencionado nunca el papel de los pulpos exportadores multinacionales, como Cargill, Bunge y Dreyfus, que exprimen a los pequeños productores. No han reclamado públicamente la necesidad de reinstalar la Junta Nacional de Granos, que permitiría a esos productores recibir un mejor precio que el fijado por los acopiadores-exportadores. No han señalado ni una vez el papel de los grandes grupos, como Los Grobo, que por su posición dominante en el mercado y holgura financiera desplaza a los pequeños productores de sus tierras. Los Grobo poseen 17.700 hectáreas propias, pero arrendando cultiva en total más de 150 mil. Acopia un millón y medio de toneladas y comercializa 112 mil de harina. Entre las empresas del holding facturan cerca de 200 millones de dólares anuales. En su balance trimestral al 31 de enero de este año informó que su activo suma 388 millones de pesos, con un patrimonio neto de 96 millones.

Muchas cosas son raras en este conflicto, pero que la Federación Agraria sea el vocero más combativo de sus verdugos es un error que se ha repetido a lo largo de toda esta crisis. Ayer mismo volvieron a cometerlo. Si es por inocencia, que a esta altura parece inverosímil, los pequeños productores deberían evaluar si necesitan otros dirigentes. Si son conscientes de su rol funcional a los intereses de los reyes de la soja, como Los Grobo, los pequeños productores tienen un problema con sus dirigentes.

Zaiat dixit: Forjadores de la patria

Por Alfredo Zaiat

Como muchas veces en las relaciones económicas y en especial cuando se desencadena un conflicto, un sector se evalúa a sí mismo más de lo que es y, a la vez, la contraparte disminuye la relevancia del otro como estrategia en la dinámica de esa puja. Esas son las reglas de juego más usuales para determinar la distribución del poder y la definición de la hegemonía en la sociedad. El sector agropecuario siempre se consideró el único forjador del país debido a que los hombres que dominaron la actividad en el siglo XIX, con métodos y desprecio humanitario de espanto, fueron los que constituyeron las bases para el Estado moderno. El modelo agroexportador fue la estructura económica que acompañó la conformación y consolidación de Argentina como país entre la Generación del Ochenta y la década del veinte. Así construyeron una imagen, que se difundió con bastante éxito a centros urbanos, que expresa la posesión de todos los atributos para considerarse los hacedores de la patria. El resto, por lo tanto, tiene que agradecerle su sacrificio como buenos hijos. Ese vínculo filial de retribución por el pan acercado a las mesas de la ciudad reclama subordinación. Esa representación de sí mismos que los grandes productores han sabido cimentar se ha dispersado e influido en la constitución de la propia conciencia del pequeño y mediano. Pero éste ha sido históricamente más castigado por el esquema de negocios dominado por los grandes, multinacionales, contratistas y exportadores que por un régimen de retenciones. Sin tanto apasionamiento de piquete verde y cacerolas de clase media y alta, ¿por qué un productor –el dueño del campo– que se levanta a las cuatro de la mañana y maneja un tractor hace más “patria” que un obrero urbano –dueño sólo de su fuerza de trabajo– que se despierta a esa misma hora, viaja incómodo a la fábrica y opera una máquina industrial?

Aunque sea una herida insoportable a su amor propio, como se exterioriza en estos días, el campo no es todo, aunque sí una parte importante del país, ni tampoco se está perjudicado por el actual modelo económico. El periodista Julio Sevares publicó en su blog del suplemento económico de Clarín un brillante comentario: “Un reciente trabajo de la Cepal da un golpe al narcicismo del campo, que se considera el artífice del crecimiento argentino y de la salvación poscrisis. Según el trabajo “Crisis, recuperación y nuevos dilemas: la economía argentina 2002-2007”, la contribución al crecimiento del PBI fue del 22,6 por ciento en la industria, 17,1 por ciento en el comercio y sólo 3,5 por ciento en el campo en ese período. La contribución del campo al crecimiento en los noventa fue mayor que en el último período, pero aun en ese momento, menor que la de la industria”. Y agregó, para dejar más claro el concepto, que “el mismo cuadro se obtiene del Indec: en el período 2003-2007, el PBI creció 8,7 por ciento promedio, el PBI Industrial el 10,0 y el Agropecuario 6,0. Ergo, la contribución de la industria al crecimiento del PBI fue mayor. Es un tema de Cuentas Nacionales”. En otro blog (Mide/No Mide, vidabinaria.blogspot.com) se precisa que, según el último censo poblacional, poco más del 10 por ciento es “rural” (localidades con menos de 2000 habitantes) y que cerca de 21 millones de personas (el 52 por ciento del total) viven en los diez aglomerados urbanos más grandes del país. El autor de ese blog señala que “busco el Producto Interno Bruto a precios de mercado y me encuentro con que en 2007 el rubro Agricultura, ganadería, caza y silvicultura representó un tercio de la Industria manufacturera. Y casi lo mismo que los rubros Construcción e Intermediación financiera”.

Ese libro de la Cepal reúne diez investigaciones y una de ellas se refiere al campo, elaborada por Roberto Bisang: El desarrollo agropecuario en las últimas décadas: ¿volver a creer? En ese documento, que analiza con criterio amplio el atractivo proceso de crecimiento del sector, se ofrece un análisis introductorio esclarecedor para comprender esa idea de sentirse y parecerse los “dueños del país” por parte de los hombres del campo:

- “El desarrollo económico (y la propia historia) de la Argentina guarda una estrecha relación con la explotación económica de los recursos naturales en general y, en particular, con las producciones agropecuarias”.

- “Esa imagen se fue forjando a partir de mediados del siglo XIX, cuando la prosperidad del país corría de la mano de la ampliación de la frontera agrícola-ganadera (de las carnes primero y del trigo y del maíz después) en base a tecnologías importadas (y adaptadas localmente) sustentando un modelo traccionado por el mercado externo”.

- “La Argentina, ‘granero del mundo’ o controlando la mitad del comercio mundial de carnes bovinas, estructuró su base productiva a partir de un conjunto acotado de sectores que operaron a modo de ‘locomotoras’ del crecimiento de toda la economía”.

- “Cuando la cantidad de tierras y el deterioro de los términos del intercambio impusieron un límite a este modelo, quedó al descubierto la fragilidad de una estructura productiva desbalanceada y dual, centrada en unas pocas actividades y orientada a mercados (y por empresas) muy concentrados”.

- “En el lapso que va desde 1900 hasta 1935, la producción de cereales y oleaginosas crece a razón de un 3,5 por ciento anual; a posteriori sobrevienen tres décadas donde los niveles se estancan, para retomar un sendero de crecimiento entre 1965 y 1985. Desde inicios de los años noventa hasta el 2006-2007, la producción agregada crece a razón del 5,8 por ciento anual”.

Bisang se pregunta si “en la Argentina del Bicentenario se repite parte de la historia del Centenario”.

Una de las motivaciones del actual lockout patronal, expresado por los grandes productores y operadores de la actividad agrocupecuaria, tiene su origen en el deseo de retornar a ese esquema económico agroexportador, con predominio del poder político en manos conservadoras como en ese entonces. Ya se sabe cuál fue el resultado y mucho más lo conocen los pequeños y medianos productores que no quedaron bien parados de ese modelo de exclusión. Por ese motivo, sus legítimos reclamos quedan confundidos cuando están asociados a los grupos más reaccionarios del sector y, además, cuando provocan el deterioro del poder adquisitivo de asalariados y postergados por el desabastecimiento y suba de precios. Repetir esa historia no es un recomendable sendero a transitar, aunque aprender de ella brinda la oportunidad de aprovecharla para que esta vez los ganadores no sean los mismos de siempre.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-101506-2008-03-29.html

Zaiat dixit: No importa nada

Por Alfredo Zaiat

Esta columna de Alfredo Zaiat fue publicada en Página/12 en su edición del miércoles pasado. Ayer fue mencionada por la presidenta Cristina Kirchner en su discurso en Parque Norte.

Telefónica y Telecom deciden cortar el servicio de telefonía porque consideran que su rentabilidad no es la adecuada y para restablecerlo exigen un aumento de tarifas. Edesur y Edenor informan que en reunión de directorio adoptaron una medida que afectará a los usuarios porque los dejaran sin luz ante la tozudez de un gobierno que no quiere subir las tarifas. Las empresas de colectivos, las grandes y las pequeñas, impulsan un lockout ante lo que evalúan como una política oficial equivocada de no elevar el precio de los boletos. Las petroleras YPF, Shell, Esso y Petrobras dejan de abastecer las estaciones de servicios para enviar el mensaje que quieren cobrar las naftas más caras. Empresas oligopólicas productoras de alimentos, como Molinos, de Pérez Companc, y Ledesma, de Blaquier, interrumpen los envíos al mercado, porque están en contra de la intervención de la Secretaría de Comercio.

La mayoría pensaría que resulta descabellada esa respuesta empresaria, comportamiento que se definiría como antisocial y perturbador. ¿Cuál sería la reacción mediática ante semejante presión patronal que afecta a millones, en especial a los más vulnerables? ¿Dejar sin teléfono, luz, medios de transporte, combustible y alimentos sería aplaudida, acompañada y festejada con cacerolazos? Da la impresión de que no, aunque no habría que descartar sorpresas entre los que ya se sabe e incluso en algunos progresistas culposos. Ahora bien, para evitar confusiones, la protesta del campo es un lockout patronal, ya sea de pequeños, medianos o grandes productores. Se trata de la respuesta del capital a una medida del Gobierno. Y la acción es tan virulenta como la que tiene con los trabajadores o peones rurales en situaciones de máxima tensión. No importa nada, salvo preservar la rentabilidad del capital. En este caso, “nada” implica vaciar góndolas de supermercados y estantes de los almacenes. Pocas medidas patronales han sido de tan manifiesto desprecio hacia el prójimo. Y lo que no deja de asombrar es que la mayoría de los medios pueda considerar “justa” semejante agresión a la población. Porque no sólo faltará carne, leche y otros alimentos, sino que sus precios subirán ante la escasez, produciendo el doble efecto de angustia por el desabastecimiento y por el deterioro del poder adquisitivo. Esto no significa que los pequeños y medianos productores no necesiten atención con políticas específicas y de promoción por parte del Gobierno, que parece ignorar la diversidad de agentes en el campo. Pero cuando las demandas ya dejan de ser por una estrategia sectorial, para convertirse en un desestabilizador político, económico y social, los dirigentes que dicen representar a los castigados del campo deberían alejarse de sus pares que no dudarían en cualquier otro momento de aplastarlos, como la historia bien enseña.

la vida es un yogur

si uno sigue las campañas publicitarias
que a diario invaden nuestra casa
con anuncios rimbombantes prometiéndonos
estar más sanos o ser más esbeltos,
creería que la única manera de vivir
es comer un yogur de la botellita chiquita como desayuno,
un par de los que te "regularizan" como colaciones,
y otro par por las dudas
porque tienen un montón de beneficios
sin los cuales te irías arrastrando por ahí,
dando lástima por el mundo.

la propaganda es así
nos genera necesidades ficticias,
apetencias que nunca se nos hubieran ocurrido
y nos miente descaradamente desde un pulcro uniforme
de médico, farmacéutico o investigador
que esta leche tiene menos bacterias que ninguna otra
porque el proceso de pasteurización es más perfecto que el de cualquier otra,
que el agua de esa botella de etiqueta vibrante es más pura que la pureza divina o
que ese jabón que te lleva un cantante a tu casa
o te hace pasear por el país buscando desafíos
es el único que puede limpiar la mugre de tu ropa y
de tu alma

es simple sólo basta con que cuando vayas al supermercado
pongas en tu carro esas marcas mágicas para sentir que tenés un presente y un futuro
esa es la felicidad, la te prometen todos los días
y que nunca, nunca en la vida alcanzás.

Cobrar lo que es gratis

La transmisión de Canal 7 la TV Pública se suspendió abruptamente en la provincia de Mendoza a raíz de un recurso de amparo persentado por Estornel. El socio de Vila-Manzano y dueño también de Supercanal SA, aduce que la señal pública y gratuita interfiere la de los canales que transmite el cable.
Es necesario tener presente que antes de la llegada de la repetidora del canal público nacional, éste se veía sólo a través de dicho operador de cable, que cobraba (y cobra) por lo que en otros lugares es gratuito...
La jueza Olga Arrabal, a cargo del 2º Juzgado Federal de Mendoza que hizo lugar al amparo, casualmente (o como diría Menem, en virtud de la casualidad permanente), vive en el barrio Dalvian SA, conjunto habitacional que pertenece al otro socio de Supercanal SA, Vila, que mantiene un litigio por tierras que pertenecen a la UNC.
Está claro que el Sr. Vila tiene un profundo conflicto en aceptar el "dominio público" y el "bienestar general", sobre todo en tanto y en cuanto considera que puede hacerse de un morlaco a costa del erario público.
Está circulando un petitorio para presentar ante las autoridades provinciales, lo podés encontrar en Que vuelva la Tele Pública a Mendoza, para que defiendan los intereses de los ciudadanos de Mendoza (todos, o su gran mayoría), lo que es incuestionable hasta para una Jueza de la Nación que viva en un barrio que pertenece a una de las partes en conflicto, como es EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

Esta es la información de prensa local a la que podés acceder:
El diario Los Andes informaba:
Canal 7 Argentina interrumpe su emisión en Mendoza
La llegada de la señal estatal se festejó en el Independencia. Pero duró poco.
Hace poco más de un mes, el ex gobernador Julio Cobos, periodistas, actores y otros políticos celebraron en el Teatro Independencia el inicio de la emisión de Canal 7 –ex ATC- en Mendoza. Fue el 4 de diciembre. Hoy, la señal se ha dejado de ver.
A un mes en el aire, el canal ha tenido que interrumpir sus emisiones por orden judicial. Lo ordenó la jueza Olga Arrabal, a cargo del Segundo Juzgado Federal de Mendoza.
La orden dice "En forma inmediata, a fin de no interferir en la grilla que con igual número ocupan las empresas de televisión por cable de la ciudad de Mendoza".
La jueza tomó esta medida cautelar ante una nueva presentación del Grupo Vila-Manzano –ahora a través de la empresa Jorge Estornell S.A./Supercanal- que invoca supuestas interferencias en el servicio de televisión por cable.
"La medida pone nuevamente en debate el derecho a la información y el acceso gratuito de los ciudadanos a los servicios abiertos de radiodifusión, tal como había sucedido en el caso de San Rafael, donde los mismos operadores privados habían invocado los argumentos de la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar para tratar de impedir las emisiones de la televisión pública", asegura un comunicado de la emisora estatal.
El grupo Vila-Manzano denuncia supuestas interferencias que las señales de radiodifusión abierta ocasionan en los servicios de televisión por cable. "De ser ciertas deberían provocar el levantamiento de todo el sistema de televisión gratuita, dado que sus emisiones podrían interferir la grilla que coincida con la frecuencia asignada a cada canal de televisión abierta por los operadores privados", asegura el canal.
No es la primera vez que el grupo Vila-Manzano solicita que se retire la señal estatal. En abril, Canal 7 comenzó a emitirse en San Rafael, pero a través de Telesur el grupo pidió que se interrumpiera la señal y el juez federal Raúl Acosta hizo lugar al pedido.
A partir de allí actores, periodistas y directivos del canal organizaron manifestaciones y sesiones informativas en San Rafael, que terminaron con la autorización para comenzar a transmitir en toda la provincia. El 4 de diciembre llegó la señal. Pero hoy, los que no tienen cable vuelven a tener sólo dos canales.

La Televisión Pública tuvo que levantar su señal en Mendoza - En diciembre pasado hubo un acto en el teatro Independencia por la llegada del canal 7 Buenos Aires.

Eduardo Ayassa - eayassa@losandes.com.ar

Doña Elvira Martín madrugó agobiada por el calor, prendió el viejo televisor y ahí se sorprendió. La pantalla mostraba la tradicional lluvia que en buen romance significa sin señal. Y se quedó sin ver la Television Pública, que hace poco más de un mes se anunciaba con bombos y platillos. La consulta se extendió entre sus vecinos del barrio Fuchs, en Godoy Cruz y al final descubrió que no era una falla de su televisor sino que nadie en la cuadra tenía acceso al canal que, desde Buenos Aires, le mostraba el país y su gente.
Lejos de los barrios, sobre el escritorio de la jueza Olga Arrabal de Canal, estaba una resolución que fue rubricada el 27 de diciembre, pero que recién fue notificada a las partes el último viernes. Y que, en su parte más sustancial, se ordenaba a "la Televisión Pública" (Canal 7, ex ATC) para que "se abstenga de retransmitir, en forma inmediata, su señal en la frecuencia de aire Nº 11, a fin de no interferir en la grilla que con igual número ocupan las empresas de televisión por cable de la ciudad de Mendoza.
"En todo momento quise evitar lo ocurrido en San Rafael. Por eso yo no hablo del Canal, sino que sólo me refiero a la frecuencia de aire número 11", porque la presentación del canal mendocino hablaba de que "esa señal interfería su propia programación". Así lo aseguró a Los Andes la titular del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza. Y aclaró: "No pedí que se bajara la señal, sino que se evite interferencias a los reclamantes".
Desde la Televisión Pública" también se habló del problema aunque técnicamente: "La ubicación de las señales no es caprichosa ni responde a criterios unipersonales, sino que las grillas son asignadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), contando con la supervisión de su funcionamiento por parte del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer)", explicó Luis Lazzaro, responsable del área de comunicación del canal capitalino.
Más adelante el funcionario nacional recordó que "como consecuencia de las reformas realizadas en democracia a la Ley de Radiodifusión se establecieron las bases técnicas y jurídicas para la puesta en funcionamiento de la estación repetidora de Mendoza a través de la frecuencia 11, cuya inauguración se produjo el pasado 4 de diciembre".
Al profundizar sobre este nuevo conflicto (antes se vivió una situación similar en San Rafael) expresó: "El grupo Vila-Manzano denuncia supuestas interferencias que las señales de radiodifusión abierta ocasionan en los servicios de televisión por cable. De ser ciertas deberían provocar el levantamiento de todo el sistema de televisión gratuita, dado que sus emisiones podrían interferir la grilla que coincida con la frecuencia asignada a cada canal de televisión abierta por los operadores privados". Tras lo cual adelantó que esta medida será "apelada" con la urgencia que la gente espera.
Por su parte, Ariel Roberts, coordinador de marketing de Uno Medios, respondió asegurando que el reclamo fue por "partida doble". Primero por la "confusión" existente entre los dos canales "7", esto teniendo en cuenta que el canal mendocino "si bien es privado también es público" y otro más severo como es la "interferencia" que la señal provoca en el número 11, grilla que desde siempre es utilizada por Canal 7 Mendoza. "Con esos argumentos se hizo una presentación judicial, a la que respondió favorablemente la jueza", concluyó.
La medida fue cumplida y la señal ya no está en aire situación que, apelación mediante, será resuelta en el futuro.

La jueza
Olga Pura Arrabal de Canal, es desde setiembre de 2005 la primera mujer en la historia de la Justicia Federal en la provincia en ocupar el cargo de jueza. Fue elegida después de postularse y competir con otros 10 candidatos, reemplazando en las funciones al abogado Bernardo Calderón, quien desde hace unos años subrogaba ese cargo, que también supo ocupar Walter Rodríguez, el magistrado cuestionado por la entrega de la documentación a Monzer Al Kassar "en tiempo récord".
Hoy la magistrada que firmó esta resolución está casada y tiene 3 hijos. Estudió en la Universidad de Mendoza, cuenta entre otros, con un Magister en Administración de la Economía y acumuló como antecedentes laborales, casi 24 años en la Secretaría Federal de Mendoza. En octubre último, su nombre fue mencionado cuando denunció ante el Consejo de la Magistratura una supuesta falsificación de documentos públicos.