Bueno se puede tomar como propuesta ¿no?
Por Alfredo Zaiat
El desproporcionado conflicto con el campo ha desplazado la atención económica sobre uno de los principales obstáculos que debe enfrentar el Gobierno. La confluencia de mezquinas especulaciones políticas, de disputas de intereses mediáticos, de carencias en la gestión oficial y de la exteriorización de un poder emergente nacido de la trama multinacional sojera ha logrado que “el campo” pasara a ocupar el centro de la escena de la economía. Sólo una sociedad fragmentada y con una legitimidad cuestionada de representaciones sectoriales pudo engendrar semejante enfrentamiento. Cualquiera que eleve la mirada sobre su ombligo tendrá la posibilidad de analizar que se desarrolla la paradoja de una pelea por la abundancia de alimentos en un contexto internacional dramático por el hambre provocado por el alza de los precios de los granos. El cambio del núcleo de prioridades que ha logrado la revolución rentista agraria es un reflejo que la agenda de discusión política y económica no siempre se refiere al interés de las mayorías. Una muestra es la “opción por los ricos” de la jerarquía de la Iglesia expresada en su último documento. El hastío por esta disputa de casi tres meses que ha empezado a manifestar gran parte de la clase media se debe no sólo a la reiteración de discursos, modos y exabruptos de los actores, sino a que observa con su particular sensibilidad de bolsillo que el principal problema económico hoy no es la situación del campo. Sabe que lo fundamental es la evolución de los precios domésticos, cuestión a la que el Gobierno debería empezar a dedicar más energía que a contestar la sucesión de incoherencias del variopinto elenco de dirigentes agropecuarios.
El proceso de aumento de los precios es bastante complejo, porque intervienen varios factores que requieren ser abordados con una estrategia integral. Una de las políticas de ese plan general son los cupos de exportación y las retenciones, que siendo móviles son más eficientes y previsibles para desacoplar el recorrido de los precios internacionales con los locales. Pero se trata solamente de un par de medidas necesarias. La gestión relevante debe concentrarse en controlar las expectativas y, a la vez, ratificar un consistente modelo macroeconómico que permita acercarse a los múltiples objetivos de crecimiento económico, creación de empleo, distribución del ingreso y control de la inflación. No es una tarea sencilla porque es una combinación ambiciosa donde se cruzan conflictos entre esas variables. Por eso mismo resulta clave mantener la solvencia de la política macroeconómica, como la verificada en el período 2003-2006.
Las expectativas inflacionarias no son un aspecto menor teniendo en cuenta la memoria colectiva traumática, que brinda un ejercicio aceitado de indexación. A esta altura, sólo la terquedad autodestructiva de la administración kirchnerista explica la persistencia de mantener la intervención autoritaria del Indec emitiendo índices cuestionados. Y también el sostenimiento de la controvertida e ineficiente gestión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para controlar los precios. Sobre ese terreno fangoso confluyen las mismas miserias políticas, mediáticas, sociales y económicas que se expresan en el conflicto con un sector del campo. De ese modo, la confusión aumenta junto a las expectativas inflacionarias, alimentadas por encuestas truchas y estimaciones privadas exageradas. Por caso, la inflación del año pasado fue del 17 por ciento según el Latin American Consensus Forecast, que reúne los verdaderos datos de consultoras y bancos nacionales y extranjeros. Esa cifra, destacada en informes del estudio Econométrica de Mario Brodersohn, economista muy crítico de la política y gestión del kirchnerismo, revela que la inflación de 2007 estuvo lejos de los pronósticos catastróficos, y también del informado por el Indec. Esto implica que existe un problema para ocuparse y preocuparse, aunque no se presenta una situación de precios descontrolada, como muchos insisten en mostrar. Ahora bien, si las expectativas siguen deteriorándose por la devaluación en la credibilidad del Indec y la improductiva presencia de Moreno en el elenco gubernamental se hace más complicado estructurar una política antiinflacionaria gradual.
La experiencia indica que cuando los gobiernos no asumen a tiempo costos políticos (en este caso, Indec y Moreno) terminan luego eligiendo el peor camino: cuando la situación se pone bien complicada, desesperados apelan a los magos que en Argentina se encuentran en cantidad entre los economistas de la city, que venden la receta milagrosa en un paquete cerrado y con moño. El papel envoltorio, atractivo y seductor, de ese regalito hoy es el atraso del tipo de cambio. Como se sabe, ése es un modelo diferente del que permitió a la economía recuperarse con un vigor impensado en los últimos años. Dejar caer la paridad cambiaria como estrategia para frenar los precios es una tentación que sólo quienes tienen firmes convicciones pueden eludir. La tablita de Martínez de Hoz y la convertibilidad de Cavallo son dos potentes disuasivos para no transitar ese sendero. Sin embargo, la especulación política electoral en algunas ocasiones puede hacer tropezar con la misma piedra no una, ni dos, sino tres veces.
Castigar a los especuladores y a los exportadores es una medida que ayuda a disciplinar a poderosos agentes económicos. El riesgo es que dejar caer el dólar ofrece en el corto plazo resultados inmediatos en el frente de los precios, lo que fascina a políticos y calma la ansiedad de la clase media. Genera todos los efectos rápidos que el sentido común reclama: baja la inflación, incrementa el poder adquisitivo, facilita el pago de la deuda, ingresan capitales. Pero las consecuencias al tiempo de recorrido ese camino ya son conocidas: aumento de las importaciones, restricción externa, desestructuración productiva, fragilidad de las cuentas fiscales, vulnerabilidad financiera, aumento del desempleo y empeoramiento en la distribución del ingreso.
Para evitar el camino fácil de la apreciación cambiaria se requiere convicción política y una gestión macroeconómica consistente. El régimen de tipo de cambio real competitivo ha ofrecido muy buenos resultados en la ambiciosa política de múltiples objetivos. La inflación del año pasado afectó el tipo de cambio bilateral (con el dólar) pero pudo ser compensado porque se jugó con caballo ajeno, debido a la apreciación del real y del euro, que permitió mantener un tipo de cambio multilateral competitivo. La crisis internacional y el déficit de cuenta corriente del elogiado por exageración Brasil hacen presumir que la tendencia de esas monedas será diferente. Entonces, el aumento de los precios domésticos terminará afectando la competitividad del tipo de cambio. Si se le suma el atraso inducido por el garrote a especuladores y exportadores, el panorama se presenta más complejo porque lo que era un castigo puede descubrirse como una solución rápida al problema de los precios.
El economista Roberto Frenkel se pregunta en un reciente documento “¿qué política cambiaria es más conveniente para instrumentar un Tipo de Cambio Real Competitivo y Estable?”. Se responde que no se refiere al corto plazo con una indexación mecánica del tipo de cambio nominal con la diferencia entre la inflación doméstica y la internacional. “El atributo de estabilidad (del tipo de cambio competitivo) apunta a plazos más extendidos. Su principal propósito es reducir la incertidumbre en los plazos relevantes para las decisiones de empleo e inversión en actividades comerciables existentes o nuevas”. Y señala que “la política cambiaria debe combinar la emisión de señales referidas a la estabilidad del tipo de cambio real en largo plazo con la flexibilidad de corto plazo”. Esto último para desalentar los movimientos de capitales especulativos y suavizar la cuenta de capital del balance de pagos.
Un aspecto básico de ese modelo es comprender que la política cambiaria mantiene encendido un poderoso motor de expansión de la demanda agregada y del empleo, lo que implica un factor permanente de presión inflacionaria inexistente en otros regímenes cambiarios, tensión que debe ser aliviada a través de las políticas fiscal, monetaria y de ingresos (acuerdos de precios y salarios). Por eso mismo, para no caer en la receta fácil del atraso cambiario que derivan en frustración y destrucción económica, el sendero de crecimiento con un tipo de cambio real competitivo requiere de una conducción convencida y autoridad en la esfera de la gestión económica para superar los actuales obstáculos.
El conflicto con el campo se canalizará, si los dirigentes de las entidades optan por el camino democrático, en la esfera política. En tanto, el proceso de aumento de precios se debe enfrentar, además de contar con un indispensable respaldo político, con una estrategia macroeconómica consistente.
Extracto de A elegir de Eduardo Aliverti en Página 12
Lo que ayer se amuchó en Rosario es una expresión inigualable del pensamiento más reaccionario de esta sociedad, en algunos casos representado por los grupos tradicionales del privilegio; en otros por la inconsciencia social de sectores medios, urbanos y campestres, unidos bajo la bandera del individualismo pequeño burgués y la genética gorila; y en otros por el oportunismo político de liberales y hasta de tribus que se dicen de izquierda. Si se le agrega que se les sumó la Iglesia, sólo que con el cinismo de vías indirectas, el cartón está lleno salvo por un casillero faltante que es la buena noticia: no hay partido militar. Tampoco acompaña el resto del establishment, es cierto, beneficiado por el tipo de cambio alto, la recuperación del poder adquisitivo de algunas franjas medias y, a pesar de que el estilo gubernamental no les resulta muy simpático, la certeza de que el oficialismo es lo único que hay en condiciones de administrar la política. De hecho, están negociando un acuerdo a largo plazo que el Gobierno quiere presentar como el Acuerdo del Bicentenario. Pero las medidas de fuerza del movimiento campestre perjudicaron el clima de buenos negocios, y ya advirtieron que sin el concurso del “campo”, en un país agropecuario, el pacto no tendría sentido. De manera que no se está ante un conflicto menor, porque el poder de fuego de los gauchócratas, lejos de ser todopoderoso, ya demostró que sí les alcanza para lastimar. En el funcionamiento concreto de la economía y en el hecho de que, por un cúmulo de factores, se reaglutinó en torno de ellos un pedazo considerable de la derecha (si quiere vérselo desde una categoría de diferenciación con los rasgos progres del kirchnerismo) o de la derecha de la derecha (si se prefiere juzgarlo con ortodoxia).
Por Raúl Montenegro *
Qué duro es sentirse minoría en un país de falsas mayorías.
Qué duro es ver que el gobierno nacional y los ruralistas luchan entre sí cuando son cómplices necesarios del país sojero.
Qué duro es ver cacerolas relucientes y llenas de soja RR en el asfalto civilizado de Buenos Aires.
Qué duro es ver las cacerolas renegridas y sin tierra de los campesinos de Santiago del Estero.
Qué duro es ver a los estudiantes de universidades argentinas con sus carteles de apoyo a los ruralistas en huelga, como si Monsanto y el Che Guevara pudieran darse la mano.
Qué duro es recordar que esas cacerolas relucientes, esos estudiantes movilizados y esas familias temerosas del desabastecimiento no salieron a la calle cuando los terratenientes de este siglo XXI expulsaron a familias y pueblos enteros para plantar su soja maldita. Qué duro es ver la furia ruralista al amparo de reyes sojeros como el Grupo Grobocopatel.
Qué duro es ver el rostro reseco de doña Juana expulsada, de doña Juana sin tierra, de doña Juana con sus muertos bajo la soja.
Qué duro es ver que se cortan las rutas para que China y Europa no dejen de tener soja fresca, y para que Monsanto no deje de vender sus semillas y sus agroquímicos.
Qué duro es comprobar, con los dientes apretados, y con el corazón desierto y sin bosques, que nadie habló en nombre de los indígenas expulsados de sus territorios, de sus plantas medicinales, de su cultura y de su tiempo para que la soja y el glifosato sean los nuevos algarrobos y los nuevos duendes del monte.
Qué duro es ver con las manos y tocar con los ojos que nadie habló en nombre de los campesinos echados a topadora limpia, a bastonazos y a decisiones judiciales sin justicia para que ingresen el endosulfán, las promotoras de Basf y las palas mecánicas con aire acondicionado.
Qué duro es saber que nadie habló en nombre del suelo destruido por la soja y por el cóctel de plaguicidas.
Qué duro es comprobar que muchos productores, gobiernos y ciudadanos no saben que los suelos sólo son fabricados por los bosques y ambientes nativos, y nunca por los cultivos industriales.
Qué duro es saber que para fabricar 2,5 centímetros de suelo en ambientes templados hacen falta de 700 a 1200 años, y que la soja los romperá en mucho menos tiempo.
Qué duro es recordar que el 80 por ciento de los bosques nativos ya fue destrozado y que funcionarios y productores no ven o no quieren ver que la única forma de tener un país más sustentable es conservar al mismo tiempo superficies equivalentes de ambientes naturales y de cultivos diversificados.
Qué duro es observar cómo se extingue el campesino que convivía con el monte y cómo lo reemplaza una gran empresa agrícola que empieza irónicamente sus actividades destruyendo ese monte.
Qué duro es ver que el monocultivo de la soja refleja el monocultivo de cerebros, la ineptitud de los funcionarios públicos y el silencio de la gente buena.
Qué duro es saber que miles de argentinos están expuestos a las bajas dosis de plaguicidas, y que miles de personas enferman y mueren para que China y Europa puedan alimentar su ganado con soja.
Qué duro es saber que las bajas dosis de glifosato, endosulfán, 2,4 D y otros plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal de bebés, niños, adolescentes y adultos, y que no sabemos cuántos de ellos enfermaron y murieron por culpa de las bajas dosis porque el Estado no hace estudios epidemiológicos.
Qué duro es saber que los bosques y ambientes nativos se desmoronan, que las cuencas hídricas donde se fabrica el agua son invadidas por cultivos y que la Argentina está exportando su genocidio sojero a la Amazonia boliviana.
Qué duro es comprobar que las cacerolas relucientes son más fáciles de sacar que las topadoras y el monocultivo.
Qué duro es comprobar que en nombre de las exportaciones se violan todos los días, impunemente, los derechos de generaciones de argentinos que todavía no nacieron.
Qué duro es ver las imágenes por televisión, los piquetes y las cacerolas mientras las almas sin tierra de los campesinos y los indígenas no tienen imágenes, ni piquetes, ni cacerolas que los defiendan.
Qué duro es comprobar que estas reflexiones escritas a medianoche sólo circularán en la casi clandestinidad mientras Monsanto gira sus divisas a Estados Unidos, mientras las topadoras desmontan miles de hectáreas en nuestro Chaco semiárido para que rápidamente tengamos 19 millones de hectáreas plantadas con soja, y mientras miles de niños argentinos duermen sin saber que su sangre tiene plaguicidas, y que su país alguna vez tuvo bosques que fabricaban suelo y conservaban agua. Muy cerca de ellos, las cacerolas abolladas vuelven a la cocina.
* Biólogo. Premio Nobel Alternativo (Estocolmo, Suecia). Profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, montenegro@funam.org.ar
Por Alfredo Zaiat
Tarde, bastante tarde teniendo en cuenta la magnitud del conflicto que se generó, el Gobierno explicó en detalle por qué decidió establecer el mecanismo de retenciones móviles. Es probable, aunque no seguro, que el país se habría ahorrado semejante crisis si el ministro de Economía hubiera enseñado en su momento los motivos y los objetivos de una imprescindible intervención del sector público en el mercado de granos y oleaginosas. También tarde fue dispuesta esa medida que, con los precios internacionales en alza desde hace varios años y el avance de la sojización en el campo, se imponía desde bastante tiempo antes que el 11 de marzo pasado. Tarde implica reasignación de recursos, transferencia de ingresos, concentración de la riqueza y torpeza política. Rectificar ese error es mejor que prolongarlo, con todos los costos que han significado para la sociedad.
No es el caso de Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli, dirigentes visibles de la Federación Agraria, que reinciden en el mismo error desde el comienzo del lockout patronal: ser la voz, el rostro y el sostén del piquete verde en beneficio de los intereses de los grandes jugadores del negocio de la soja y de la cadena agroindustrial. No han mencionado nunca el papel de los pulpos exportadores multinacionales, como Cargill, Bunge y Dreyfus, que exprimen a los pequeños productores. No han reclamado públicamente la necesidad de reinstalar la Junta Nacional de Granos, que permitiría a esos productores recibir un mejor precio que el fijado por los acopiadores-exportadores. No han señalado ni una vez el papel de los grandes grupos, como Los Grobo, que por su posición dominante en el mercado y holgura financiera desplaza a los pequeños productores de sus tierras. Los Grobo poseen 17.700 hectáreas propias, pero arrendando cultiva en total más de 150 mil. Acopia un millón y medio de toneladas y comercializa 112 mil de harina. Entre las empresas del holding facturan cerca de 200 millones de dólares anuales. En su balance trimestral al 31 de enero de este año informó que su activo suma 388 millones de pesos, con un patrimonio neto de 96 millones.
Muchas cosas son raras en este conflicto, pero que la Federación Agraria sea el vocero más combativo de sus verdugos es un error que se ha repetido a lo largo de toda esta crisis. Ayer mismo volvieron a cometerlo. Si es por inocencia, que a esta altura parece inverosímil, los pequeños productores deberían evaluar si necesitan otros dirigentes. Si son conscientes de su rol funcional a los intereses de los reyes de la soja, como Los Grobo, los pequeños productores tienen un problema con sus dirigentes.
Como muchas veces en las relaciones económicas y en especial cuando se desencadena un conflicto, un sector se evalúa a sí mismo más de lo que es y, a la vez, la contraparte disminuye la relevancia del otro como estrategia en la dinámica de esa puja. Esas son las reglas de juego más usuales para determinar la distribución del poder y la definición de la hegemonía en la sociedad. El sector agropecuario siempre se consideró el único forjador del país debido a que los hombres que dominaron la actividad en el siglo XIX, con métodos y desprecio humanitario de espanto, fueron los que constituyeron las bases para el Estado moderno. El modelo agroexportador fue la estructura económica que acompañó la conformación y consolidación de Argentina como país entre la Generación del Ochenta y la década del veinte. Así construyeron una imagen, que se difundió con bastante éxito a centros urbanos, que expresa la posesión de todos los atributos para considerarse los hacedores de la patria. El resto, por lo tanto, tiene que agradecerle su sacrificio como buenos hijos. Ese vínculo filial de retribución por el pan acercado a las mesas de la ciudad reclama subordinación. Esa representación de sí mismos que los grandes productores han sabido cimentar se ha dispersado e influido en la constitución de la propia conciencia del pequeño y mediano. Pero éste ha sido históricamente más castigado por el esquema de negocios dominado por los grandes, multinacionales, contratistas y exportadores que por un régimen de retenciones. Sin tanto apasionamiento de piquete verde y cacerolas de clase media y alta, ¿por qué un productor –el dueño del campo– que se levanta a las cuatro de la mañana y maneja un tractor hace más “patria” que un obrero urbano –dueño sólo de su fuerza de trabajo– que se despierta a esa misma hora, viaja incómodo a la fábrica y opera una máquina industrial?
Aunque sea una herida insoportable a su amor propio, como se exterioriza en estos días, el campo no es todo, aunque sí una parte importante del país, ni tampoco se está perjudicado por el actual modelo económico. El periodista Julio Sevares publicó en su blog del suplemento económico de Clarín un brillante comentario: “Un reciente trabajo de la Cepal da un golpe al narcicismo del campo, que se considera el artífice del crecimiento argentino y de la salvación poscrisis. Según el trabajo “Crisis, recuperación y nuevos dilemas: la economía argentina 2002-2007”, la contribución al crecimiento del PBI fue del 22,6 por ciento en la industria, 17,1 por ciento en el comercio y sólo 3,5 por ciento en el campo en ese período. La contribución del campo al crecimiento en los noventa fue mayor que en el último período, pero aun en ese momento, menor que la de la industria”. Y agregó, para dejar más claro el concepto, que “el mismo cuadro se obtiene del Indec: en el período 2003-2007, el PBI creció 8,7 por ciento promedio, el PBI Industrial el 10,0 y el Agropecuario 6,0. Ergo, la contribución de la industria al crecimiento del PBI fue mayor. Es un tema de Cuentas Nacionales”. En otro blog (Mide/No Mide, vidabinaria.blogspot.com) se precisa que, según el último censo poblacional, poco más del 10 por ciento es “rural” (localidades con menos de 2000 habitantes) y que cerca de 21 millones de personas (el 52 por ciento del total) viven en los diez aglomerados urbanos más grandes del país. El autor de ese blog señala que “busco el Producto Interno Bruto a precios de mercado y me encuentro con que en 2007 el rubro Agricultura, ganadería, caza y silvicultura representó un tercio de la Industria manufacturera. Y casi lo mismo que los rubros Construcción e Intermediación financiera”.
Ese libro de la Cepal reúne diez investigaciones y una de ellas se refiere al campo, elaborada por Roberto Bisang: El desarrollo agropecuario en las últimas décadas: ¿volver a creer? En ese documento, que analiza con criterio amplio el atractivo proceso de crecimiento del sector, se ofrece un análisis introductorio esclarecedor para comprender esa idea de sentirse y parecerse los “dueños del país” por parte de los hombres del campo:
- “El desarrollo económico (y la propia historia) de la Argentina guarda una estrecha relación con la explotación económica de los recursos naturales en general y, en particular, con las producciones agropecuarias”.
- “Esa imagen se fue forjando a partir de mediados del siglo XIX, cuando la prosperidad del país corría de la mano de la ampliación de la frontera agrícola-ganadera (de las carnes primero y del trigo y del maíz después) en base a tecnologías importadas (y adaptadas localmente) sustentando un modelo traccionado por el mercado externo”.
- “La Argentina, ‘granero del mundo’ o controlando la mitad del comercio mundial de carnes bovinas, estructuró su base productiva a partir de un conjunto acotado de sectores que operaron a modo de ‘locomotoras’ del crecimiento de toda la economía”.
- “Cuando la cantidad de tierras y el deterioro de los términos del intercambio impusieron un límite a este modelo, quedó al descubierto la fragilidad de una estructura productiva desbalanceada y dual, centrada en unas pocas actividades y orientada a mercados (y por empresas) muy concentrados”.
- “En el lapso que va desde 1900 hasta 1935, la producción de cereales y oleaginosas crece a razón de un 3,5 por ciento anual; a posteriori sobrevienen tres décadas donde los niveles se estancan, para retomar un sendero de crecimiento entre 1965 y 1985. Desde inicios de los años noventa hasta el 2006-2007, la producción agregada crece a razón del 5,8 por ciento anual”.
Bisang se pregunta si “en la Argentina del Bicentenario se repite parte de la historia del Centenario”.
Una de las motivaciones del actual lockout patronal, expresado por los grandes productores y operadores de la actividad agrocupecuaria, tiene su origen en el deseo de retornar a ese esquema económico agroexportador, con predominio del poder político en manos conservadoras como en ese entonces. Ya se sabe cuál fue el resultado y mucho más lo conocen los pequeños y medianos productores que no quedaron bien parados de ese modelo de exclusión. Por ese motivo, sus legítimos reclamos quedan confundidos cuando están asociados a los grupos más reaccionarios del sector y, además, cuando provocan el deterioro del poder adquisitivo de asalariados y postergados por el desabastecimiento y suba de precios. Repetir esa historia no es un recomendable sendero a transitar, aunque aprender de ella brinda la oportunidad de aprovecharla para que esta vez los ganadores no sean los mismos de siempre.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-101506-2008-03-29.html
Cresud tiene 400.000 hectáreas.
Adecoagro 200.000.
El Grupo Bemberg 143.000.
Fortabat 140.000.
LIAG Argentina 120.000.
El Grupo Werthein 100.000.
La Biznaga 50.000.
Jorge Blanco Villegas 26.000.
Reyes Terrabusi 25.000.
Los Grobo 17.700.
Supongamos por un momento que estos campos tienen un rinde promedio de soja de 2.900 kilos por hectárea. Es más o menos el rinde promedio del país del 06.
Seguramente tendrán tierras más fértiles, de mayor productividad, pero juguemos con estos números.
La eliminación de las retenciones, como se pide hoy día entre piquetes y cacerolas, implica entregarles a estos 10 empresarios/grupos la friolera de 650 millones de dólares. Entre los 10 juntan 1.200.000 hectáreas. Esas tierras deben valer bastante más de 6 mil millones de dólares [a 5000 dólares la hectárea, pero en la zona núcleo en febrero valía 10.700 según la revista márgenes agropecuarios...].
Pero claro, no te olvides, los terratenientes no existen...
Hace unos días, Montenegro escribió una muy buena columna en Crítica donde mostraba otros datos que reflejan lo mismo [los datos de la tierra también son de él]...
Según los registros de la ONCCA hay 74.115 productores registrados en la venta de soja.
Pero 30.583 establecimientos producen hasta 60 toneladas al año. Son explotaciones de 20 a 25 hectáreas y representaron menos del 4% del total de la cosecha del año pasado.
Si se agrupa a todas las explotaciones de hasta 1500 toneladas/año, se tiene al 96% de los establecimientos que levantaron el 40% de la cosecha.
En el otro extremo, sólo 2.817 acapararon el 60% de la producción sojera.
A ver si se entiende: el 3,8% de las explotaciones controla el 60% de la producción.
Habría que dejar de mentirle a la gente diciéndole que la soja se trata de un negocio de chacareros que se parecen a los Ingalls.
Hay minifundistas, hay pequeños y medianos [que sin duda merecen políticas diferenciadas].
Pero el negocio grueso lo manejan unos pocos. Así que Doña Rosa, ya sabe.
Salga con la cacerola y defienda el negocio de los Elsztain, Soros, Bemberg, Fortabat, Werthein y demás chacareros.
Sólo así lograremos que en este país deje de haber hambre.
¿quién le roba a quién?
La pérdida económica para el país que provocaron los días del paro agropecuario equivale casi exactamente a lo que el Gobierno tiene previsto gastar durante dos años para compensar a la agroindustria por la suba de los precios internacionales: unos $2350 millones. El monto surge de la suma de las pérdidas preliminares para la industria y el transporte.
El costo del paro también es equiparable a la recaudación impositiva del mes pasado en concepto de retenciones a las exportaciones, las mismas que detonaron la primera crisis político-económica que enfrentó la presidenta Cristina Fernández.
Según cálculos de una consultora económica privada, se perdieron cerca de 300 millones de pesos por cada uno de los días hábiles del paro del campo, que comenzó tras la suba de las retenciones decidida por el Gobierno, informa hoy el diario La Nación.
El monto surge de la suma de las pérdidas preliminares para la industria y el transporte. El primer sector dejó de percibir cerca de $ 80 millones diarios, es decir, unos $ 650 millones acumulados desde el estallido del conflicto; el segundo, $ 212 millones por día, que equivalen a casi $ 1700 millones.
También existen otros costos para el país, incluso algunos que todavía no se conocen, como las demandas judiciales que seguramente enfrentarán las empresas exportadoras por no poder entregar a tiempo su mercadería en el exterior.
Este parate también se reflejó en el mercado interno, donde hubo claras muestras de desabastecimiento de mercadería y consecuentes aumentos de los precios que, según las asociaciones de defensa de los consumidores, rondaron alrededor del 50%.
Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/38769
Esta columna de Alfredo Zaiat fue publicada en Página/12 en su edición del miércoles pasado. Ayer fue mencionada por la presidenta Cristina Kirchner en su discurso en Parque Norte.
Telefónica y Telecom deciden cortar el servicio de telefonía porque consideran que su rentabilidad no es la adecuada y para restablecerlo exigen un aumento de tarifas. Edesur y Edenor informan que en reunión de directorio adoptaron una medida que afectará a los usuarios porque los dejaran sin luz ante la tozudez de un gobierno que no quiere subir las tarifas. Las empresas de colectivos, las grandes y las pequeñas, impulsan un lockout ante lo que evalúan como una política oficial equivocada de no elevar el precio de los boletos. Las petroleras YPF, Shell, Esso y Petrobras dejan de abastecer las estaciones de servicios para enviar el mensaje que quieren cobrar las naftas más caras. Empresas oligopólicas productoras de alimentos, como Molinos, de Pérez Companc, y Ledesma, de Blaquier, interrumpen los envíos al mercado, porque están en contra de la intervención de la Secretaría de Comercio.
La mayoría pensaría que resulta descabellada esa respuesta empresaria, comportamiento que se definiría como antisocial y perturbador. ¿Cuál sería la reacción mediática ante semejante presión patronal que afecta a millones, en especial a los más vulnerables? ¿Dejar sin teléfono, luz, medios de transporte, combustible y alimentos sería aplaudida, acompañada y festejada con cacerolazos? Da la impresión de que no, aunque no habría que descartar sorpresas entre los que ya se sabe e incluso en algunos progresistas culposos. Ahora bien, para evitar confusiones, la protesta del campo es un lockout patronal, ya sea de pequeños, medianos o grandes productores. Se trata de la respuesta del capital a una medida del Gobierno. Y la acción es tan virulenta como la que tiene con los trabajadores o peones rurales en situaciones de máxima tensión. No importa nada, salvo preservar la rentabilidad del capital. En este caso, “nada” implica vaciar góndolas de supermercados y estantes de los almacenes. Pocas medidas patronales han sido de tan manifiesto desprecio hacia el prójimo. Y lo que no deja de asombrar es que la mayoría de los medios pueda considerar “justa” semejante agresión a la población. Porque no sólo faltará carne, leche y otros alimentos, sino que sus precios subirán ante la escasez, produciendo el doble efecto de angustia por el desabastecimiento y por el deterioro del poder adquisitivo. Esto no significa que los pequeños y medianos productores no necesiten atención con políticas específicas y de promoción por parte del Gobierno, que parece ignorar la diversidad de agentes en el campo. Pero cuando las demandas ya dejan de ser por una estrategia sectorial, para convertirse en un desestabilizador político, económico y social, los dirigentes que dicen representar a los castigados del campo deberían alejarse de sus pares que no dudarían en cualquier otro momento de aplastarlos, como la historia bien enseña.
Esta es una solicitada de un grupo de economistas que tiene por objeto aclarar el verdadero problema del campo, difunda por favor el contenido de la misma y no se deje manipular por los medios de comunicación.
Los economistas rechazamos el lock out
Las retenciones son una herramienta para evitar que el alza de los precios internacionales impacte en los precios internos de los alimentos.
Son también un mecanismo redistributivo y un instrumento para promover la diversificación productiva.
Permiten resolver, a su vez, el conflicto entre el aumento de los precios internacionales y la política de tipo de cambio alto, sin por ello afectar la producción del campo. Ello se evidencia en el fuerte incremento de la cosecha: de 69 millones de tn. en 2002- 03 a 85 millones de tn. en 2006-07 en la producción de soja, maíz, trigo y girasol.
El esquema de retenciones móviles es una medida acertada para dar mayor previsibilidad de precios y rentabilidad y luchar contra la inflación. Busca, asimismo, evitar el riesgo de una excesiva concentración de la actividad agrícola en torno a la soja, aspecto que aumenta la vulnerabilidad económica y tiene negativos efectos sobre las restantes producciones agropecuarias.
Es cierto que las realidades en el agro no son todas iguales. Los pequeños productores tienen en algunos casos situaciones atendibles, pero éstas no dependen del nivel de las retenciones sino de políticas específicas. La concentración es un serio problema que afecta al conjunto de la economía argentina y debe atenderse mediante otras acciones de políticas económicas vinculadas con acceso al financiamiento, la provisión de apoyo técnico para incrementar la productividad, la reestructuración de las cadenas productivas y la transparencia en la formación de precios y el funcionamiento de los canales de comercialización.
La rentabilidad de la producción agraria continúa siendo elevada. Según un trabajo de los economistas Javier Rodríguez y Nicolás Arceo, aún con el esquema de retenciones móviles actual, la rentabilidad por hectárea duplicará este año el promedio obtenido durante la Convertibilidad. Es más, dados los elevados precios internacionales de los productos primarios el incremento de las retenciones a las exportaciones no sólo no determina una contracción en los márgenes de rentabilidad de la producción agrícola con respecto al último año, cuando ya era elevada, sino que esta se incrementaría en un 38%.
Esta realidad muestra claramente que el agro disfruta de una prosperidad y rentabilidad sin precedentes basada en la política económica implementada. La prolongación del lock out y la desmesura del reclamo muestran que estos sectores, ubicados en el decil más alto de la distribución del ingreso, buscan cuestionar la política económica en su conjunto.
Los economistas comprometidos con la reindustrialización y un modelo de crecimiento con empleo, distribución equitativa de la riqueza e inclusión social rechazamos el lock out e invitamos a los productores agrarios a sentarse a dialogar para la generación de soluciones que involucren al conjunto de la sociedad y no sólo a intereses sectoriales.