El imbécil con dedicatoria a los que apoyan al campo

INICIATIVA CIUDADANA POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA

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Es indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la Ley de la dictadura todavía vigente.
Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.
La Ley de Radiodifusión debe garantizar el pluralismo informativo y cultural.

1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.

FUNDAMENTOS

• Ratificando que los derechos humanos son la piedra fundamental de la vida en democracia.
• Convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal.
• Convencidos de que la libertad de expresarse, opinar e informarse es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia entre las naciones americanas.
• Convencidos de que cuando no hay democracia, junto con el derecho a la vida y a la libertad física se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de las mayorías.
• Convencidos de que sólo el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de derecho.
• Considerando que en diversas declaraciones los sectores representativos de la vida democrática de nuestro continente han afirmado el valor de la pluralidad.
• Considerando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago de UNESCO (1992) se han reivindicado el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía.
• Inspirados en la importancia para nuestro continente de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.
• Reconociendo el alcance universal en materia de sujetos, medios y mensajes con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 13 de la Convención.
• Reconociendo la importancia que alcanza la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, al fijar estándares de interpretación del artículo 13 de la CADH.
• Reconociendo los valores asentados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde su instalación, en la búsqueda de ampliar los sectores amparados por su intervención.
• Reconociendo la importancia del capítulo referido a las radios comunitarias del Informe 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que todos estos acuerdos representan el marco legal y político al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.
• Recordando los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (de la OEA, de la ONU y el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)) realizada en Noviembre de 2001, titulada "Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo" se expide sobre el punto diciendo: Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión.
• Enfatizando que el Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que "la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presentan como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores mas empobrecidos o vulnerables de la sociedad. (y que) En este sentido, los medios comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades de éstas comunidades.
• Recordando que también dice el Informe 2002 que " Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos."
• Enfatizando que las normas técnicas aplicables a la radiodifusión deben facilitar y no obstaculizar la libre circulación de informaciones, de obras radiofónicas y audiovisuales y opiniones de conformidad al art. 13. 3 de la Convención Americana.
• Considerando que la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos, en virtud del Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión.

Comunicado del Movimiento Ecuménico

En el día de ayer, 17 de abril, alrededor de las 19 horas se produjo en el edificio de la Asociación Ecuménica de Cuyo un hecho que, por sus características, enmarcamos en el mismo objetivo que persiguen quienes desde hace un tiempo buscan amedrentar a quienes militamos en el campo popular.

Un hombre desconocido para las personas que trabajan en la Asociación, ingresó a nuestra Biblioteca "Mauricio López" que se ubica sobre calle Chile, expresó que venía a una reunión y se dirigió al patio central. Ante el requerimiento de dos de nuestras compañeras, insistió en que venía a una reunión de derechos humanos, citado por Fernando Rule. Lo cual era una mentira. Cuando llegó Rosa Goldar, Presidenta de la Asociación, encontró abierta la puerta de su oficina que ella había dejado con llave y la luz apagada, notando la falta de su CPU. En la oficina quedaron elementos electrónicos de valor, incluida una impresora laser, por lo que concluimos que se trató de un claro robo de información y de un mensaje intimidatorio.

El hecho nos resulta afín a los perpetrados sobre la vivienda de Alicia Morales, de la Dra.Viviana Beigel, y dos pintadas amenazantes en las paredes exteriores de nuestro edificio.

Como es de público conocimiento, en esta casa funcionan diferentes proyectos, además del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En consecuencia, pediremos a las autoridades correspondientes, que tomen medidas para preservar la integridad física de las numerosas personas que frecuentan nuestra institución ya sea por la aplicación de planes estatales de ayuda, que acuden por razones de estudio a la Biblioteca o que participan de las numerosas reuniones, encuentros, seminarios, etc., con que esta institución aporta a diversas actividades sociales. Y también, reclamaremos protección para las personas que desde esta casa, llevamos adelante las mencionadas tareas.

Intimidación a la Dra. Viviana Beigel

A la Opinión Pública

Ayer al anochecer fue atacada la casa de la abogada del MEDH Mendoza, Viviana Beigel, causándole daños materiales y algún robo menor. Siendo el segundo atentado que nuestra abogada sufre. Como todos saben el MEDH junto a la Comisión de Familiares, a la Comisión de Ex Presos de Mendoza, HIJOS y MADRES, llevamos adelante una fuerte acción judicial y política en contra del represor de la dictadura (policía retirado) Carlos Rico, hoy Subsecretario de Seguridad, involucrado en las mencionadas causas.

En este mismo contexto hace pocos días fue atacada la casa de la testigo Alicia Morales, quien reconoció a Rico en el centro clandestino de detención D2 donde ella estaba secuestrada en 1976. Y, la semana pasada presentamos pruebas documentales de la presencia de Carlos Rico trasladando presos políticos desde el centro clandestino D2 a la Penitenciaría, todo con el patrocinio de Viviana Beigel. No nos cabe dudas acerca del origen de ambas agresiones. Rico es sostenido en su puesto por el Ministro Aguinaga y obviamente por el gobernador Jaque.

Los abajo firmantes exigimos el desmantela miento de la cúpula del ministerio de Seguridad, que se ha convertido en grupo de mafiosos que lejos de garantizar la seguridad de la población en general, usan el aparato del Estado para intimidar queriendo quebrar la voluntad de lucha por la verdad y la justicia.

Exigimos la remoción de la cúpula del Ministerio de Seguridad y la imputación inmediata del Represor Carlos Rico Tejeiro. Exigimos la renuncia del Ministro de Seguridad Juan Carlos Aguinaga, del represor Carlos Rico Tejeiro, así como la remoción de todos aquellos represores que ocupan cargos tanto en el mencionado Ministerio como en el resto del Gobierno.

Exigimos al Señor Gobernador Celso Jaque la inmediata toma de decisiones de las medidas propuestas.

MEDH, H.I.J.O.S., Casa de la Memoria y la Cultura Popular, Familiares de detenidos desaparecidos por Razones Póliticas, Expresas y Expresos políticos de Mendoza, Liga por los derechos del hombre, Asamblea Permanente APDH San Rafael.

10 Falacias sobre el conflicto con los agroexportadores 10

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Zaiat dixit: La asamblea de la soja

Como siempre Zaiat ilumina, del Pagina del viernes 4 de abril.

Por Alfredo Zaiat

Los discursos ante multitudes buscan enfervorizar a sus seguidores. Ya sea en la Plaza de Mayo o en el costado de la ruta. Frases altisonantes, contradicciones y chicanas son usuales en semejantes actos. En algunas ocasiones, sin embargo, ciertas frases de esas exposiciones facilitan la comprensión de cuál es la raíz del conflicto, que enfrentan pasiones y especulaciones políticas. Gracias a Juan Etcheverría, el líder de los denominados productores autoconvocados, se hizo más transparente ayer lo que está en juego en el desafío del campo. Etcheverría dijo que quiere que el litro de leche se pague $ 1,20 a los tamberos y el kilo vivo de novillo a $ 4,50 a los ganaderos. También afirmó que, ahora que los pequeños productores se volcaron a la hiperrentable soja, el Estado sube las retenciones. Por fin un representante del sector transparentó el objetivo económico del piquete verde, más allá de los discursos tradicionales contra las retenciones y la intervención del Estado.

El valor de esas declaraciones reside en que esos reclamos exhiben el grave problema de las rentabilidades relativas en la producción agropecuaria y, por lo tanto, en la imperiosa necesidad de la intervención estatal. El negocio de la leche y la carne es rentable, pero bastante menos que el de la soja. Entonces el pedido de elevar el precio de la leche (de un promedio de 85 centavos a 1,20 peso) y el de la carne de novillo (de una media de 3 a 4,50 pesos) es para competir con esa ganancia extraordinaria de la vedette oleaginosa. Ese camino implica subir de 40 al 50 por ciento el precio de esos bienes sensibles de la canasta básica de alimentos de la población. Esos ajustes afectarían a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Las retenciones móviles vienen a disminuir la hiperrentabilidad de la soja para acercarla a las de otras producciones del campo. Insistir con la orientación fiscalista de esa iniciativa es distracción. Etcheverría expuso de ese modo que los “hombres de campo” no quieren ganancias normales con la leche y la carne sino que aspiran a igualarlas a la de la soja. La publicación Márgenes Agropecuarios, de la que no se duda de su cercanía con el sector, ofrece un esclarecedor recorrido de los precios recibidos por los tamberos: en abril de 2002 obtuvieron 7 centavos de dólar por litro de leche; en 2003, 15 centavos; en 2005, 16; en abril de 2007, 24; y ahora 26,6 centavos de dólar. Un aumento de 282 por ciento en ese período.

Pero la soja igual sigue siendo mejor negocio. Si los dirigentes del campo dicen que quieren salvar a los tamberos deberían aplaudir las retenciones a la soja, además de apuntar al oligopsonio de las usinas elaboradoras (por ejemplo, La Serenísima). En cambio, si pretenden la hiperrentabilidad de la soja sin importar la diversidad de la producción de alimentos o los precios que debe pagar la población por la leche y la carne no deberían ocultarse detrás de la ubre de la vaca.

44 a 28 y no es la NBA

Se publica hoy una encuesta de Zuleta Puceiro en la que el 44 % de la población apoya al gobierno y sólo el 28 % al campo. Pero el 70 % relevado se manifiesta contra los cortes implementados por los agroexportadores.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/101672-32066-2008-04-02.html

Zaiat dixit: Los Grobo sonríen

Por Alfredo Zaiat

Tarde, bastante tarde teniendo en cuenta la magnitud del conflicto que se generó, el Gobierno explicó en detalle por qué decidió establecer el mecanismo de retenciones móviles. Es probable, aunque no seguro, que el país se habría ahorrado semejante crisis si el ministro de Economía hubiera enseñado en su momento los motivos y los objetivos de una imprescindible intervención del sector público en el mercado de granos y oleaginosas. También tarde fue dispuesta esa medida que, con los precios internacionales en alza desde hace varios años y el avance de la sojización en el campo, se imponía desde bastante tiempo antes que el 11 de marzo pasado. Tarde implica reasignación de recursos, transferencia de ingresos, concentración de la riqueza y torpeza política. Rectificar ese error es mejor que prolongarlo, con todos los costos que han significado para la sociedad.

No es el caso de Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli, dirigentes visibles de la Federación Agraria, que reinciden en el mismo error desde el comienzo del lockout patronal: ser la voz, el rostro y el sostén del piquete verde en beneficio de los intereses de los grandes jugadores del negocio de la soja y de la cadena agroindustrial. No han mencionado nunca el papel de los pulpos exportadores multinacionales, como Cargill, Bunge y Dreyfus, que exprimen a los pequeños productores. No han reclamado públicamente la necesidad de reinstalar la Junta Nacional de Granos, que permitiría a esos productores recibir un mejor precio que el fijado por los acopiadores-exportadores. No han señalado ni una vez el papel de los grandes grupos, como Los Grobo, que por su posición dominante en el mercado y holgura financiera desplaza a los pequeños productores de sus tierras. Los Grobo poseen 17.700 hectáreas propias, pero arrendando cultiva en total más de 150 mil. Acopia un millón y medio de toneladas y comercializa 112 mil de harina. Entre las empresas del holding facturan cerca de 200 millones de dólares anuales. En su balance trimestral al 31 de enero de este año informó que su activo suma 388 millones de pesos, con un patrimonio neto de 96 millones.

Muchas cosas son raras en este conflicto, pero que la Federación Agraria sea el vocero más combativo de sus verdugos es un error que se ha repetido a lo largo de toda esta crisis. Ayer mismo volvieron a cometerlo. Si es por inocencia, que a esta altura parece inverosímil, los pequeños productores deberían evaluar si necesitan otros dirigentes. Si son conscientes de su rol funcional a los intereses de los reyes de la soja, como Los Grobo, los pequeños productores tienen un problema con sus dirigentes.